La amenaza de Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) ha encendido las pasiones patrias. Políticos, activistas, la comentocracia, se envuelven en la bandera, gritan que ¡No pasarán! y nos inundan de lugares comunes sobre el respeto, la firmeza y la soberanía nacional. Trump seguramente se ríe, y López Obrador se limita a desearle un “Happy Thanksgiving” al pueblo norteamericano. No es para tanto, pero puede resultar interesante especular sobre las razones de tanta virulencia e indignación.
Desde un punto de vista jurídico y de combate al narco, de cumplirse la advertencia de Trump, los dispositivos adicionales con los que contaría Estados Unidos en México, o contra nuestros narcos allende el Bravo, o bien son redundantes, o bien son inutilizables. La congelación de cuentas, la cancelación de visas, la detención en o la deportación desde Estados Unidos por ser narco, o poseer algún tipo de asociación, vinculación o complicidad (por ejemplo, suministrar armas) con los narcos es una realidad desde hace años. José Díaz-Briseño en Reforma lo explica con toda precisión el jueves. La Kingpin Act de 1999 ya lo permite; es semejante el alcance de la designación vía el procedimiento de Specially Designated Persons.
Ilustración: Belén García Monroy
No autoriza sanciones contra el país o el Estado mexicano, ni permite operaciones militares norteamericanas en México, ni va a desembocar en acusaciones generalizadas contra ciudadanos mexicanos de a pie. Y lo que sí podría suceder, a saber, que un empresario mexicano que pagara derecho de piso a un cartel designado como FTO fuera perseguido por Estados Unidos sería lamentable, pero al final del día poco probable e individual.
La extraterritorialidad de la Patriot Act de 2001 es odiosa, pero incide poco en el caso de México. Lo que sí es cierto es que la posible decisión de Trump afectará la imagen, ya de por sí catastrófica, del país en Estados Unidos y en el resto del mundo. Asimismo, posiblemente entrañe un aletargamiento del comercio entre los dos países, debido a más papeleo, revisiones y falsos positivos en la frontera. Pero la gran víctima de la amenaza de Trump, en caso de cumplirse, sería la narrativa de AMLO sobre su relación con Washington.
Desde la elección, López Obrador ha insistido en su buena relación —de respeto— con Trump. No se ha enganchado, y aceptó todas las exigencias del gobierno norteamericano, hasta la ignominia, en materia migratoria. Incluso está a punto de imponerle a los empresarios mexicanos las demandas del sindicalismo estadounidenses para lograr la aprobación del T-MEC. Evita, a toda costa, cualquier conflicto con el norte.
Esta narrativa se debilita, si no es que se derrumba, con la designación de los cárteles mexicanos como FTO. No es un acto amistoso, o por lo menos AMLO y Ebrard lo volvieron un acto hostil al denunciarlo y rechazarlo. AMLO podrá callarse todo lo que quiera, pero más o menos sabemos lo que va a suceder.
Mandará a Ebrard a Washington a dizque celebrar negociaciones como en Viena (1815) o Paris (1919 y 1972) “históricas”, de las cuales emergerá como héroe, evitando la designación (al igual que los aranceles), al aceptarle a Trump todas sus imposiciones. Estas incluirán volver a las posturas de Calderón y Peña Nieto de búsqueda de capos o cabecillas, de decomisos y quemas de sembradíos, de retenes y despliegue de más efectivos militares. Se abandonará la política —consciente o no, y en cualquier caso, acertada, en mi opinión— de hacerse de la vista gorda con el narco. Se acabarán los abrazos, resurgirán los balazos, pero eso sí, nadie designará a nuestros cárteles como terroristas. Serán narcos, pero son nuestros narcos.