Me encanta cruzar apuestas políticas con mi amigo y colega Leo Zuckermann por dos razones: posee una fina mente política, y suelo ganarle. Me voy a permitir proponerle una apuesta aquí, antes de hacerla en persona. Arturo Zaldívar será presidente de la Suprema Corte hasta finales de 2024, poco después de que López Obrador abandone Palacio Nacional.
Ilustración: Víctor Solís
Para que esto no sucediera, se tendrían que cumplir varias condiciones. La primera y más evidente es que el propio Zaldívar dijera, desde ahora, que él no piensa permanecer en el cargo más allá del período para el que fue electo, con independencia de la constitucionalidad —o no— de la Ley Zaldívar. Todo indica que esto no va a acontecer. Ya lo hubiera hecho o anunciado Zaldívar, evitándose la avalancha de lodo que le ha caído encima en estos días.
La segunda es que Zaldívar haga justamente eso, pero después de que la Suprema Corte declare la constitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso. Se antoja absurdo que después de tragar sapos durante varios meses (en el mejor de los casos), anunciara que aunque, sí pudiera, no permanecerá en la presidencia de la Corte. ¿Para qué tanto brinco si el piso está parejo?
La tercera hipótesis es la más interesante y algo probable. Zaldívar esperaría la decisión de la SCJN, de la cual se excusará; ésta hallará inconstitucional la prolongación de mandato, y a López Obrador le repetiría la exclamación de Ruiz Cortines a Flores Muñoz: “¡Perdimos, Pollo!”. Pero esto tampoco va a suceder. Por las siguientes razones.
Quien fija la fecha de las sesiones y temas de la Corte es su presidente. Lleva casi 20 recursos de inconstitucionalidad en la congeladora. La de su propia ley la podrá demorar o acelerar más o menos a su gusto. Ahora bien, para que dicha ley sea declarada inconstitucional, basta con que tres ministros rechacen el recurso. Aun sin Zaldívar, López Obrador cuenta en principio con los tres nombramientos suyos; se dirá que algunos de ellos son independientes. Tal vez, pero López Obrador y Zaldívar sabrán muy bien averiguar cómo votarán, si la decisión se diera antes de fin de año. Una cosa es ser independiente, y otra desafiar claramente al presidente que los nombró.
Supongamos que alguno de los tres, o incluso dos, le insinuaran a López Obrador y/o a Zaldívar un voto negativo. Este último podría entonces congelar el proceso hasta principios del año entrante. Como se sabe, a finales de 2021 sale Fernando Franco de la Corte, y López Obrador nombrará a su cuarto ministro. Nada más fácil que preguntarle a cada integrante de las múltiples ternas que le armen en Consejería Jurídica de la Presidencia cómo piensan votar sobre la Ley Zaldívar. Los que sí, sí. Los que no, no.
Algunos podrán objetar que ni López Obrador ni Zaldívar son tan conspiradores, ni mucho menos tan mafiosos. Jamás se atreverían a tratar de conocer la inclinación de los ministros actuales sobre el caso. Ya ni se diga transformar el voto del siguiente ministro o ministra en una especie de prueba de ácido para postularle. Allí, cada quien con su conciencia y su cinismo. Son capaces de todo. Esa es mi apuesta con mi querido compañero de Foro TV.