En el pasado mes de mayo, los homicidios dolosos sufrieron un aumento de 10 % en relación a abril, pero la tendencia sigue a la baja, aunque muy modestamente. En 2019, el primer año del actual gobierno, para el período enero-mayo, el país padeció 14 219 homicidios dolosos, según los datos preliminares del gobierno (el Inegi reporta mucho más tarde, y generalmente por arriba), mientras que en este 2022, la cifra descendió a 12 737, 10 % menos. Frente al año pico de 2020 —el más sangriento del sexenio y de la historia moderna de México— la caída fue de 13 %. Seguimos en niveles extraordinariamente elevados, pero un poco menos graves que antes.
Si vamos a una comparación internacional, esta semana The Economist (que tanto le gusta a López Obrador) publica una gráfica en su sección especial sobre América Latina. Muestra que para 2021, Argentina, Perú, Chile y Estados Unidos se encontraban en menos de 10 homicidios dolosos por cada 100 000 habitantes; Costa Rica, Guatemala y Ecuador entre diez y veinte; Brasil ligeramente encima de veinte, y Colombia y México acercándose a treinta. En América Latina, sólo Venezuela y Honduras nos superan; en el resto del mundo, Sudáfrica nos lleva una mediana delantera. Vamos bien.
Las cifras, en principio, incluyen a los feminicidios a partir de 2019, así que no surge mayor duda sobre la naturaleza comparativa de los números de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Donde las cosas se complican es con los desaparecidos.
Como se sabe, esta es la gran herida nacional que no cicatriza. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, ya rebasamos la fatídica cifra de los 100 000 desaparecidos desde 1964, casi todos a partir de 2007, aunque las estadísticas incluyen las guerras sucias de los años sesenta y setenta. En el sexenio de López Obrador van más de 31 000 desaparecidos, pero los únicos que parecen interesarle son los 43 de Ayotzinapa, que le pertenecen a Peña Nieto. El pacto entre ellos no incluye su exculpación por la tragedia de Iguala, aunque desde luego no se procederá nunca contra él ni contra nadie que haya tenido que ver con el asunto. Mientras México siga votando con el bloque afro-asiático y contra Israel en Naciones Unidas, Tomás Zerón permanecerá tranquilo y quieto a las orillas del Jordán.
El dato curioso, como ya lo han resaltado varios analistas, es que la cantidad de desaparecidos ha aumentado en este sexenio de manera significativa. Pero se incrementó de modo mucho más notable en 2021 y 2022. Si en 2019 desaparecieron 9000 personas, para el 2021 la cifra subió a casi 10 000, y en el primer trimestre de este año, aparentemente sumaron casi 4000, un número anualizado de 12 000. El dato mensual para estos meses de 2022 sigue siendo excepcionalmente alto, de más de 700 al mes. Se puede discutir todo lo que se quiera que no todos los desaparecidos seguirán sin ser localizados, ni mucho menos que todos hayan fallecido.
Normalmente, parecería descabellado, si no es que francamente arbitrario, pensar que el gobierno está transfiriendo víctimas de la columna de homicidios dolosos a la columna de desaparecidos para aparentar una caída de los primeros, a sabiendas que pocos se preocupan de los segundos. En el México de la 4T ya nada me sorprende. Lo bueno es que seguramente el ejército de grandes periodistas investigativos en nuestro país (nuevos Woodward y Bernstein), junto con editores de la valentía de Ben Bradlee, y dueños de la estatura de Katherine Graham (a los 50 años de Watergate), muy pronto descubrirán si esta hipótesis es cierta o pura imaginación malévola de mentes malpensadas como la mía.