Disponemos ya de algunos elementos adicionales sobre la controversia desatada por el artículo que Tim Golden, excorresponsal de The New York Times, publicó recientemente en ProPublica a propósito de la investigación que llevaron a cabo la DEA y los fiscales federales de Nueva York en torno al posible financiamiento del narco para la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Se trata, en primer lugar, de las declaraciones del propio López Obrador; en segundo lugar, hoy mismo fue divulgada una respuesta del director de ProPublica a las acusaciones del presidente contra la institución y el autor del reportaje; en tercer lugar, surge la discrepancia entre lo que la canciller Alicia Bárcena dice que dijo la enviada de Joe Biden de seguridad nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, y lo que el gobierno de Washington afirmó al respecto; y por último, de versiones de funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México en esos años a propósito de la investigación.
López Obrador y la administración de Biden en Washington han repetido que la investigación fue cerrada en 2011. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha afirmado que la enviada de Biden, en su reunión de la semana pasada con López Obrador, explicó que la investigación se cerró hace tiempo, así como que no provino ni de la Casa Blanca, ni del Departamento de Estado, ni del Departamento de Justicia. No obstante, al igual que en muchas ocasiones durante este sexenio, las versiones de los dos gobiernos difieren frontalmente. ProPublica, en su respuesta a López Obrador, señala por su parte que la investigación en efecto fue “cerrada” en 2011 para evitar herir sensibilidades mexicanas o provocar una reacción negativa de diversos sectores en México. En ese momento, conviene recordarlo, gobernaba Barack Obama; Joe Biden era su vicepresidente; la secretaria de Estado era Hillary Clinton y el consejero de Seguridad Nacional era Denis McDonough.
ProPublica insiste en que es absurdo pensar que fue el gobierno de Biden el que filtró, mandó hacer o indujo el reportaje de Golden. Según ellos, es evidente que el gobierno actual en Washington, de manera “desfachatada”, evita a toda costa cualquier crítica a López Obrador, por cualquier tema, temiendo perder su cooperación para hacer el trabajo sucio de Estados Unidos en México en materia migratoria. De suerte que nos enfrentamos a un aparente dilema, el mismo que se le presentó a Golden según su propio texto: hay muchos elementos que sugieren que la campaña de López Obrador, probablemente con su conocimiento, recibió dinero del narco; pero no disponemos de suficientes elementos o detalles de la investigación de la DEA para adoptar una posición contundente al respecto.
Ahora bien, me han relatado personas en situación de saber que la investigación de la DEA (y del Southern District de Nueva York) no “concluyó”, dictaminando que López Obrador no recibió dinero del narco. Fue “clausurada” por razones políticas en 2011. Lo cual significa, en primer lugar, que no hay manera de que la administración Biden hoy absuelva o exonere a López Obrador, ni mucho menos que pida una disculpa. Y en segundo lugar, de ser esto cierto, es perfectamente posible que dicha investigación en algún momento se reabra, o que información adicional sea filtrada por la DEA, debido a su propia reacción ante lo que considera los agravios del gobierno mexicano.
¿Le queda el mote de #narcopresidente a López Obrador? Por ahora, es imposible afirmarlo, pero tampoco resulta factible rechazarlo. La DEA sí lo investigó, al principio sin conocimiento de los principales funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México, y la investigación no desembocó en una exoneración. Simplemente fue interrumpida, suspendida, archivada, enlatada, pero no necesariamente para siempre.