El anuncio del Gobierno de Venezuela sobre la reanudación de sus conversaciones con Estados Unidos introduce un elemento novedoso y a la vez perturbador en la campaña electoral de ese país. Las elecciones presidenciales de fines de mes de por sí encierran una serie de incógnitas internas, pero la sorpresa generada por Nicolás Maduro con el anuncio agrega varias variantes adicionales.
Como se sabe, el acuerdo de Barbados de octubre pasado, entre el Gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática, y las negociaciones llevadas a cabo en Qatar en 2023 entre Washington y Caracas, establecieron el marco político de los comicios del 28 de julio. En el fondo, se trata de un entendimiento entre tres partes con dos compromisos. Maduro aceptó celebrar elecciones este año bajo observación internacional y permitir la participación de los candidatos opositores, a cambio de que la administración Biden levantara las sanciones contra la estatal petrolera Pdvsa y varias personalidades de su Gobierno. Maduro también aceptó recibir a venezolanos repatriados en vuelos desde Estados Unidos, algo -en teoría- de gran importancia para el presidente Joe Biden en plena campaña electoral.
Cada una de las partes lograba algo. Maduro obtenía una cierta legitimación de su Gobierno y un influjo de divisas al poder vender crudo a precios de mercado, sin descuento en el mercado negro. Aceptaba el principio de elecciones presidenciales, pero en condiciones que parecían permitirle ganarlas, sin violar demasiadas normas. La oposición alcanzaba lo que más necesitaba: la posibilidad de competir en elecciones más o menos libres, en las cuales, bajo determinadas circunstancias idóneas, podía triunfar. Y Washington pensaba disuadir a nuevos migrantes al deportar a muchos de los que ya se encontraban en Estados Unidos, y reducir la presión inmigratoria al comprobarse una mejora económica producto del levantamiento de las sanciones.
Algo de todo esto sucedió. Pero buena parte de las previsiones, o de las esperanzas, o de las promesas, no se cumplieron. El autoritario Gobierno de Maduro inhabilitó a la principal candidata de oposición, María Corina Machado, no permitió la inscripción de a la primera opción para sustituirla, Corina Yoris, y podría borrar todavía del mapa electoral al segundo sustituto, Edmundo González. En la encuesta de intención de voto más reciente de ORC Consultores, con datos recolectados en mayo, González Urrutia le sacaba casi 40 puntos a Maduro. El gobierno ha perseguido a varios de los principales operadores de campaña de la oposición (algunos se encuentran asilados en la embajada de Argentina en Caracas) prohíbe el transporte aéreo de Machado y González; puso trece veces a Maduro en la boleta, mientras que González solo aparece en tres recuadros; impide la votación de varios millones de venezolanos en el exterior; y en los hechos ha bloqueado el acceso de los opositores a los medios masivos de comunicación. Retiró el permiso de entrada a la misión observadora de la Unión Europea y nunca permitió la de la OEA, de tal suerte que solo habrá un minimonitoreo del Centro Carter y presencia de observadores de la ONU.
En consecuencia, Biden reimpuso algunas de las sanciones (no todas. Por ejemplo, la empresa Chevron continua con sus operaciones y Washington podría autorizar las operación de otras compañías estadounidenses previo pedido de licencias especiales), lo cual dificulta la recuperación económica con la que contaba Maduro para conquistar su tercer período presidencial. En general, las expectativas de las tres partes se dejaron de cumplir. La mayor novedad inesperada provino de la oposición. Pudo realizar una primaria con alta participación y una sola vencedora (Machado). Luego ponerse de acuerdo para presentar dos candidaturas únicas, de las cuales ha sobrevivido la segunda, evitar una candidatura alternativa (de Manuel Rosales, gobernador del Zulia) y mantener una efervescencia y movilización electoral a lo largo y ancho del país que ha sorprendido a todos.
El resultado se resume en un impasse, del cual no parece haber salida. Estados Unidos no puede avalar una elección escasa mente observada, sin piso parejo y en la cual Maduro podría cometer un fraude significativo el mismo día de los comicios, si fuera necesario, sobre todo si la oposición no la valida. Maduro no parece estar dispuesto a ceder el poder si pierde. La oposición podrá hacer poco si se cancelan las elecciones, si el Gobierno inhabilita a González a última hora, o si se produce un fraude descomunal -factible, según expertos, a pesar del sufragio electrónico- el día de la votación. Por eso el atolladero.
Habría tres escenarios venturosos y posibles. El primero consistiría en una victoria tan abrumadora de la oposición que Maduro no tendría más remedio que aceptar su derrota, como Pinochet en 1988 o Daniel Ortega en 1990. El segundo reside en que Maduro gane limpiamente y la oposición, y por tanto Washington, acepten sin mayores pataletas el resultado. Y el tercero, que a pesar de una elección reñida que Maduro rechazaría, la comunidad internacional lograra interceder y lo convenciera de abandonar el poder y el país a cambio de un salvoconducto vitalicio.
En alguna medida es lo que los presidentes Gustavo Petro y Lula da Silva han sugerido. Inicialmente proponían un plebiscito simultáneo a la elección sobre garantías para los vencedores y los vencidos, pero parece que ahora se abandonó esa idea a favor de un documento que Petro sometería a la consideración de Maduro, de la oposición y, supongo, de Estados Unidos. No es imposible que junto con el temor de que Trump vuelva a la Casa Blanca y que prefiera llegar a un acuerdo duradero con Biden, Maduro haya relanzado el diálogo con Washington, justamente para convencer a los estadounidenses y discutir allí si la propuesta de Petro y de Lula constituye una buena opción para él y para su equipo que atrincherarse en el poder.
Dependiendo del resultado, la comunidad internacional enfrentará un reto severo. La mayoría de los análisis coinciden en que el chavismo no se irá por las buenas, pase lo que pase el 28 de julio. La Unión Europea, Estados Unidos, los países sudamericanos, e incluso México y Cuba, se verán obligados a pronunciarse sobre los acontecimientos venideros, y a actuar en consecuencia. Por enésima ocasión desde 1998, Venezuela genera desafíos y divisiones en la región. No se ve un desenlace afortunado.