La diferencia entre un campo de exterminio y uno de reclutamiento o entrenamiento puede parecer menor, ociosa o decisiva, según quien la esgrime. En muchos casos, puede resultar redundante: así como había hay campos de concentración en la Alemania Nazi, donde el motivo principal de reclusión no era la muerte, sino el trabajo forzado o el castigo, pero donde igual morían multitudes (Dachau, por ejemplo), existían los Auschwitz o Treblinka, cuyo propósito residía, justamente, en matar gente, principalmente judíos. Allí, no obstante, vivían presos que no eran exterminados (los kapos, etc.)
Para las autoridades mexicanas, la intencionalidad de los dueños de Teuchitlán resulta fundamental. Si la idea era matar jóvenes, parece que la pesadilla era terrible; si sólo entrenaban allí a sicarios, y de vez en cuando algunos de ellos eran ultimados por no encontrarse a la altura, no era tan grave.
Según la Presidenta, lo esencial es determinar si hay restos humanos, aunque Gertz haya afirmado que sí. Si no se hallan estos, no es grave; seguramente si aparecen se responderá que nadie asegura que fueron producto de un exterminio. Pueden sencillamente pertenecer a jóvenes que “fallecieron en combate”.
Todo esto sugiere, como tantos ya lo han dicho, que nos enfrentamos a una batalla política sobre la verdadera naturaleza del campamento. Los excesos de la 4T en cuanto a la CNDH y la Comisión de Búsqueda provocaron que estas posibles dos instancias imparciales carezcan por completo de credibilidad frente a la sociedad y los adversarios del régimen. Los medios críticos —Reforma, EL UNIVERSAL, los periódicos internacionales— no resultan aceptables como árbitros para Morena. Como bien lo dice Jorge Zepeda Patterson, no existe institución alguna que sea admisible en cuanto a su imparcialidad dentro de México.
Esto suele suceder cuando se destruyen las instancias independientes, autónomas, o como se les quiera llamar. Para eso son: para brindarle garantías a la sociedad, a los partidos políticos, a los medios, de que una determinada decisión o fallo no proviene de un bando u otro, sino de un ente creado y compuesto para ser confiable para todos. Esta fue la lógica de la creación del IFE en 1996: algo nuevo e integrado por personas susceptibles de suscitar y conservar la confianza de todos. Hoy sobreviven de panzazo algunas instituciones semejantes: el Banco de México, el INEGI, y parémosle de contar. Efectivamente, nos encontramos en plena orfandad de fuentes de credibilidad.
Cuando esto sucede en otros países, en otros momentos, se tiende a recurrir a dos tipos de soluciones. Una reside en Comisiones de la Verdad, o su equivalente: en plena transición a la democracia, como en Sudáfrica, Chile, Argentina, El Salvador, Guatemala; o en coyunturas de crisis, en la estela del 11 de septiembre, en Estados Unidos, o de la Guerra de Yom Kippur, en 1973, en Israel. La otra implica acudir a voces externas, por ejemplo, para elecciones (los observadores electorales de la ONU, de la OEA, del Centro Carter, etc.), o la lucha contra la corrupción (la CICIG, en Guatemala), o para garantizar el cese de hostilidades o mantener la paz (los cascos azules en decenas de zonas de guerra, o la fuerza europea propuesta ahora para Ucrania). Implica una cesión de soberanía, innegablemente, pero en muchos casos constituye la solución menos mala.
Aunque ha circulado aquí y allá, se antoja inverosímil la aceptación por este gobierno de una comisión de la verdad o equivalente. Por definición, incluiría a personalidades contrarias al régimen. No es lo propio de este equipo. Cualquier grupo creíble entrañaría el peligro para el gobierno de salirse de control, y de desembocar en una conclusión negativa para las autoridades. Me extrañaría que les gustara correr el riesgo que representa. Es una lástima, pero así es.
De la misma manera, la otra opción —un esquema externo— también encierra escasas posibilidades de ser aceptable para Sheinbaum. Sin embargo, la idea sugerida por Jorge Lomonaco, colega de estas páginas, y que empieza a desarrollar basándose en su experiencia con el GIEI en la OEA y con otros mecanismos de Naciones Unidas, debería resultar más atractiva para la 4T. Peña Nieto tuvo el tino de aceptar un grupo externo de investigación para Ayotzinapa. Las cosas no salieron como él hubiera querido, pero en su legado, el GIEI figura como una de las pocas iniciativas decentes en esta materia. López Obrador lidió con los integrantes del Grupo nombrado por la CIDH, y acabó a gritos e insultos con ellos, pero no rechazó el principio de la investigación foránea.
Al cabo de más de seis años de burlarse de la autonomía de la FGR, la 4T cavó su propia tumba (mala metáfora). Nadie puede creer en la independencia del Fiscal, con independencia de su trayectoria e inteligencia. No puede aparecer en la mañanera y en Washington como un funcionario del gobierno, y luego pedir que se le considere autónomo. Un grupo extranjero, para un régimen con buena prensa internacional (por ahora), y la simpatía de múltiples gobiernos, empezando por el de Trump, no debiera temerle a esta idea. Ya habrá quienes la elaboren en detalle, y quienes la discutan (ojalá).