El 29 de diciembre venció el plazo —inexplicable, aberrante— para la aprobación de candidaturas independientes en las elecciones federales de julio, es decir, a más de seis meses de distancia y más de tres meses antes de que los partidos se vean obligados a presentar sus candidaturas para los mismos distritos. Aberrante e inexplicable, porque seguimos con la misma tradición mexicana leguleya y oscurantista de permitir las cosas para luego prácticamente prohibirlas en los hechos. De las 122 precandidaturas que se presentaron, solo fueron aprobadas 52 aspiraciones por el INE.Si tomamos en cuenta la existencia de 300 distritos y el hecho de que esta es la primera vez que se pueden formalizar candidaturas independientes para cada uno de ellos, pero que en muchos distritos hay varias candidaturas, resulta especialmente absurdo que sean tan pocos los que se atreven. Pero tiene su explicación. No solo es casi imposible cumplir con todos los requisitos, sino que, al obligar a esta anticipación de más de tres meses antes de la presentación de las candidaturas partidistas, se restringe enormemente el universo del cual pueden emanar los independientes.Me explico. Para quienes hemos luchado por las candidaturas independientes en México desde hace más de una década, la lógica de las mismas siempre consistió en introducir una mayor competencia en la arena electoral. Se trataba, por un lado a nivel de municipios y quizás de algunos estados macrocefálicos, de permitir que ciudadanos reconocidos en sus comunidades puedan resultar electos sin tener que ser presentados por un partido. Que si cada presidente municipal independiente de Tulancingo, Hidalgo, sería el equivalente o no de un partido político —como han sostenido muchas voces conservadoras, aunque ilustradas— da exactamente lo mismo. Se abría una avenida por donde se podía avanzar. Pero la segunda razón estribaba en la posibilidad de acotar el número y la fuerza de los llamados chapulines, es decir, de los candidatos perdedores en las primarias de sus partidos que en seguida se inscribían o pedían posada en otro partido para ser candidato por ese. Esto socava la credibilidad y la legitimidad del sistema de partidos y electoral en general, ya que el electorado, con algo de razón, resiente el cinismo que esto puede implicar. Habiendo candidaturas independientes, si alguien conocido en la comunidad, con prestigio y recursos, es rechazado por el partido por el que había antes competido, no necesariamente tenía que irse a otro partido, sino que podía contender por cuenta propia. Al imposibilitar esto hoy, se redujo en gran medida el ámbito de donde pueden brotar candidaturas independientes.Pero ahí no termina el calvario de los 52 que fueron aprobados. Tendrán dos meses, entre el 1 de enero y el 27 de febrero para obtener el número de firmas equivalente a 2 por ciento del padrón del distrito donde se presentan, lo cual equivale a entre 2 y 6 mil firmas más o menos, según el distrito. Suponiendo que logren las firmas y cumplan con una serie de condiciones mucho más estrictas que las que se pidieron para las consultas populares o para obtener el registro de un nuevo partido —obtener las copias de las credenciales de elector y los datos de cada uno de los firmantes, inscribiéndolos en el Sistema de registro de candidatos y precandidatos—, tendrán además que presentar una serie de documentos, abrir cuentas de banco, designar un representante financiero, un suplente, presentar una plataforma electoral y, sobre todo, someterse a la fiscalización de su gasto durante esos dos meses. Para recabar las firmas, los candidatos pueden recurrir a todo tipo de reuniones sin rebasar los 112 mil 37 pesos que determinó el INE de manera ya francamente ridícula. Esto lo único que va a hacer es incentivar toda la cantidad de trampas que se pueden efectuar para darle la vuelta a ese tope de gastos y evitar ser detectado por el INE de muchas maneras. Si alguien quiere saber cómo, les propongo que se pongan en contacto conmigo. Yo les puedo asesorar cómo se hacía en los tiempos prelegislativos y ya sabrán ellos si quieren utilizar esos métodos.Si empezamos con un número pequeño —122 candidaturas—, que se redujo a menos de la mitad —52— después del primer filtro, seguramente se reducirá aún más mediante la dificultad de la obtención y certificación de firmas, y de ese número que finalmente llegue a la candidatura, muchos serán “tumbados” por incumplir los requisitos adicionales que se han planteado. Es poco probable que en la boleta de julio de este año haya más de una decena de candidaturas independientes.Es el equivalente de las consultas populares. Primero el Legislativo supuestamente las aprueba, luego les impone una cantidad de candados inverosímiles y, por último, simplemente el Poder Judicial, bajo la influencia del Poder Ejecutivo, las rechaza. ¿Existen las consultas populares y las candidaturas independientes en México? En el papel sí, pero en los hechos no.
2015: aberrante plazo para los independientes
