En la vorágine noticiosa por las fechas fatídicas de Ayotzinapa —primer aniversario, reunión de los padres con Peña Nieto, informe de los expertos del GIEI, viaje de EPN a Nueva York, caída de Pérez Molina en Guatemala gracias a la CICIG— puede pasar desapercibida una discusión fundamental: el posible alcance de la injerencia internacional en temas internos mexicanos, tanto de los expertos, los argentinos, una altamente hipotética CICIM, una fiscalía externa o un nuevo grupo de expertos, como lo propuso la procuradora y que incluya a más peritos internacionales.
El debate se da de manera elíptica, eufemística —a la mexicana—, aunque en ocasiones también estridente, como cuando nuestro director habla de engendros extranjeros. Asimismo, en ocasiones, se sobrepone a otras discusiones, por ejemplo, si los peritos pro-Cocula son más piezas que el perito peruano anti-Cocula. Lo esencial, tanto en materia de derechos humanos como de corrupción e impunidad en general se encuentra claramente planteado.
Existen dos razones para recurrir a instancias internacionales. La primera, es la más obvia, la que de alguna manera emana de Guatemala, Iguala y muchos otros casos: en ocasiones las instituciones nacionales no pueden investigar, concluir, denunciar y castigar violaciones a los derechos humanos o casos de corrupción. Cuando es así, la disyuntiva es sencilla: no hacer nada o hacerlo junto con y gracias a algún factor externo. Es lo que sucedió en Guatemala; es lo que probablemente suceda en Honduras; y es lo que ha sucedido en países europeos como Grecia.
La segunda es que más allá de la coyuntura, y aun si las instituciones nacionales pueden procurar justicia, limitar impunidad y denunciar abusos, para anclar estos procedimientos y para reforzar a esas instituciones conviene suscribir acuerdos internacionales de distinta índole porque ningún país está al abrigo de retrocesos, tentaciones o demonios autoritarios. Es la vieja tesis que muchos países han aceptado.
Durante años se lamentó en México que el factor externo fuera estadunidense: los medios, el Congreso, las ONG, etcétera. Con algo de razón. De ahí se dedujo que convenían más instancias regionales o internacionales, pero en todo caso multilaterales. La OEA y la CIDH son un ejemplo. La Relatoría del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Tortura y Desapariciones Forzadas es otro. Ahora resulta que a los adversarios de este tipo de tesis no les gusta ni el tema bilateral (EU) ni el regional (OEA) ni el internacional (CDH-ONU). En buen castellano, ¿qué chile les acomoda?
Ayotzinapa y afuera
