Artículos, El Financiero

Marchas, indocumentadas y abogados

Jorge Castañeda

Difícil saber si la marcha de ayer –la buena, no la otra– superó las expectativas, las igualó o se quedó corta. Tuvo, sin embargo, el mérito de existir, y eso en México hoy no es poca cosa. Sobre todo si desemboca en el apoyo concreto a ciertas medidas o propuestas que tienen que ver justamente con las consignas y el propósito de la manifestación.

Entiendo que tantos convocantes, incluyendo a personas y a instituciones que prefieren evitar confrontaciones cuando se puede –y cuando no, también–, imposibilitaron una excesiva precisión en los objetivos. No al muro, No a las deportaciones, No a la renegociación del TLC, constituyen demandas demasiado binarias para una movilización de esta naturaleza. No tiene sentido el reclamo o la exigencia.

Dicho eso, existen metas de lucha concretas que van surgiendo de distintas trincheras involucradas en la resistencia a Trump. Dos de ellas surgieron claramente de la segunda reunión de Agenda Migrante, celebrada en Phoenix, Arizona el sábado, en presencia de unos cuarenta indocumentados, principalmente mujeres, de una veintena de legisladores mexicanos, de intelectuales y comunicadores, y de altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto.

La primera es abstracta, pero muy sencilla. Los mexicanos en Estados Unidos más vulnerables, con menos derechos y mayores amenazas de deportación, no quieren volver a México. Sienten pavor, resentimiento y un profundo coraje contra el país que dejaron hace 20, 10, 5 o incluso un año. Les enfurece la corrupción, la violencia, los bajos salarios, la mala educación para sus hijos y una sociedad que los rechaza o los desprecia. Los políticos como Andrés Manuel López Obrador que los invitan a volver a México, se van a llevar una fuerte sorpresa. No quieren ayuda para su reinserción en la sociedad mexicana; quieren permanecer en Estados Unidos, aun en las deplorables condiciones impuestas hoy por Trump, antes por otros. Los manifestantes del domingo pueden y deben entender esto, y sacar las conclusiones que se imponen.

En segundo lugar, tanto en una votación a mano alzada –reseñada por Genaro Lozano, uno de los moderadores de las sesiones, en Reforma, ayer– como en conversaciones privadas, las indocumentadas presentes en esta reunión prefieren abrumadoramente litigar su deportación ante un juez de migración que aceptar el llamado retorno voluntario. En Estados Unidos, cualquier persona sin papeles puede hoy ser detenida. Al serlo, puede aceptar el retorno voluntario, sin fichaje, sin juicio, y sin espera, o acogerse al proceso judicial. En ese caso, será confinada a un centro de detención, donde se tomarán sus datos biográficos y biométricos, y donde podrá salir bajo fianza y esperar su juicio en libertad (o no). La espera puede ser larga, con un desenlace negativo, o no. Todo depende del abogado que tenga, del juez que le toque, del traductor que le ayude, y de su expediente previo. Todos los presentes prefirieron esta modalidad a la otra.

Facilitarla es función de un solo factor: dinero. Si hay abogados en nuestros consulados, o disponibles en otras ciudades, pro bono o pagados; si hay traductores; si hay recursos para pagar fianzas; si hay apoyo sicológico en los consulados, todo esto se puede. Los recursos pueden provenir de muchas fuentes, pero sobre todo de dos: el Estado mexicano, y el empresariado mexicano. A los que respondan que bastantes problemas tenemos aquí para ocuparnos de los de allá, se les puede responder con claridad: los de allá, son de acá.

13 febrero, 2017

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