Las tres objeciones que he escuchado desde el jueves sobre las decisiones de la Suprema Corte me parecen válidas. Lo que me resulta un poco confuso todavía es el resultado neto de lo que ha sucedido.
Ilustración: Víctor Solís
Seis ministros se sometieron a la voluntad del ejecutivo sin ruborizar. Acepar la constitucionalidad de la propuesta de López Obrador es aberrante por todas las razones esgrimidas por el ministro Aguilar, por Láynez y Piña en la discusión, y después en Twitter, columnas, radio y televisión, dentro y fuera de México. No hay manera de sostener en un país serio que la aplicación de la ley se someta a votación de la sociedad, ni que las consultas populares —existentes en un gran número de países: no hay ninguna originalidad mexicana al respecto— pueda aplicarse a obligaciones que el Estado tiene ex ante. Es una vergüenza lo que se votó ayer.
En segundo lugar, resulta evidente que López Obrador ya cuenta con un bloque de cuatro votos contra viento y marea, que impedirán la aprobación de recursos o mociones de inconstitucionalidad mucho más trascendentes que el de la consulta. Existen 17 temas pendientes, dejados en suspenso por el presidente de la Corte a propósito, y para los cuales la votación de ayer sugiere que no habrá los ocho votos necesarios para echar para atrás leyes más aberrantes que la consulta. Sí parece que perdimos a la Corte, como contrapeso frente a la deriva autoritaria del gobierno. No hay casualidades: los cuatro ministros nombrados o apoyados por AMLO votaron con él.
En tercer lugar, es un hecho que la pregunta reformulada desvirtuó por completo la iniciativa del ejecutivo. No hay delitos o sanciones, no hay investigación, no hay expresidentes. Solo hay “decisiones políticas” (quien sabe que signifique eso; por ejemplo, ¿incluye el fraude electoral de Bartlett en 1988?), “actores políticos” que las toman (ni modo que las tomaran actores de reparto), y “esclarecimiento” (whatever that means). Hasta para el país bananero en el que nos hemos convertido bajo la 4T, se volaron la barda los ministros.
Lo que me queda menos claro con todo esto es lo que sigue. Obviamente, como ya dijimos aquí varias veces, no habrá ninguna investigación, juicio o sentencia para ningún expresidente, ni siquiera para Calderón, blanco predilecto de las rabias de López Obrador. No sé de que manera los ministros podrán fallar —a menos que le toque al Tribunal Electoral— que la consulta tenga lugar en la misma fecha que las elecciones de medio período del año entrante, cuando la fecha está definida en la Constitución y es otra. Ya se las arreglarán, supongo; quien puede lo más —sujetar la aplicación de la ley al ánimo popular— puede lo menos —cambiar la fecha del atropello. También me resulta obvio que López Obrador le atribuirá a la inverosímil redacción de los ministros la interpretación que él quiera (para eso es dicha redacción), pero su valor jurídico será nulo, sobre todo para la justicia española, inglesa o estadunidense, bajo la cual tendrían que ser extraditados tres expresidentes. La pregunta no pasa la prueba de la risa.
Pero si este circo va a funcionarle a López Obrador frente a la persistencia de la pandemia, el enfriamiento de la economía norteamericana —y por ende de la mexicana— en septiembre, y la perpetuación de la violencia, es otro asunto. No lo descarto —para eso se diseñó y se puso en práctica dicho circo— pero no estoy del todo convencido. Lo que sí se es que seguimos por la ruta ya trazada: destruir, con o sin intención, lo poco que servía en el país. Poco sí, pero como diría Sergio Mendes, más que nada.