Aprovechando tal vez el ruido mediático generado por la visita presidencial a Washington y la captura de Caro Quintero, el gobierno reinició hace cinco días las obras del Tramo 5 (Cancún-Tulum) del Tren Maya. A pesar de la suspensión provisional dictada por el Poder Judicial, invocó el decretó presidencial de noviembre de 2021 declarando que todas las obras prioritarias gubernamentales son de seguridad nacional, y un pronunciamiento del Consejo de Seguridad Nacional la semana pasada de que el Tren Maya lo era en particular. El director de Fonatur anunció que la obra ahora quedaba en manos de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública. El Consejo de Seguridad Nacional está integrado únicamente por el Poder Ejecutivo, pero debe remitir informes a la Comisión Bicameral (paritaria, según Alejandro Hope) de Seguridad Nacional del Congreso.
Supongo que los ambientalistas, grupos indígenas, activistas y opositores en general al trenecito impugnarán esa decisión, y que algún día el tema llegará a la Suprema Corte. Dejo a los abogados que discutan si las dos decisiones son constitucionales: la de López Obrador de declarar que todas sus obras prioritarias son de seguridad nacional y no están sujetas al Poder Judicial, y si el Poder Ejecutivo puede hacer caso omiso de una orden específica del Poder Judicial argumentando que un tren turístico es de seguridad nacional. De esta Corte se puede esperar cualquier cosa.
Es evidente que López Obrador quiere usar el reloj a su favor: que mientras todo esto se resuelve en tribunales, la obra siga adelante. Es igualmente obvio que los adversarios del tren también le apuestan al reloj, si no se termina el chuchú antes de que concluya el sexenio, puede correr la misma suerte que el aeropuerto de Texcoco: cancelarse por el siguiente gobierno. La desesperación de AMLO proviene de esta doble carrera contra el tiempo. Sabe que el Maya no va a estar listo para fin de sexenio, aunque se “inaugure” en diciembre de 2023.
De los cuatro proyectos delirantes de la 4T —AIFA, Dos Bocas, Transístmico y Tren Maya— el más descabellado siempre ha sido el último. No sólo no hubo manifestaciones de impacto ambiental, ni proyecto ejecutivo, ni plan de negocios. Ha cambiado la ruta, el esquema y el propósito en múltiples ocasiones. El mejor ejemplo: ya no entrará ni a la ciudad de Campeche, ni a Mérida; a Cancún, sólo cerca del aeropuerto; tampoco entrará a Playa del Carmen, ni a Tulum. La estación de Cancún, la más grande de la ruta, no estará a distancia peatonal ni del aeropuerto, ni de la zona hotelera, y la de Tulum va a competir con el aeropuerto de la misma ciudad, que aparentemente no estaba contemplado al principio.
Si la lógica era un tramo commuter o interurbano Mérida-Cancún, ya no será competitivo con la carretera por la distancia de la estación en las afueras de la capital yucateca. Si la lógica era una ruta turística Cancún-Tulum-Bacalar, su trazo, suponiendo que se conserve el actualmente previsto a través de la selva, se encontrará demasiado lejos de las zonas hoteleras. Y los tiempos no dan: no se ha resuelto todavía la altura de los andenes de la estación de Cancún, un detalle menor, sin el cual, sin embargo, no se puede diseñar la estación.
Reforma explicó ayer cómo el costo del Tramo 5 —Cancún-Tulum— ha pasado de 1500 a 3000 millones de dólares. Seguramente la estimación se queda corta. Pronto nuevas y mayores filtraciones aparecerán en los medios internacionales, tanto cotidianos como mensuales. El gobierno podrá obligar a las líneas aéreas dizque mexicanas de trasladarse a Santa Lucía, pero difícilmente podrá obligar a los turistas franceses a subirse al trenecito. Pues sí, tal vez se trate de un asunto de seguridad nacional, n’est-ce pas?