Se entiende que los partidos de oposición prefieran esperar hasta después de las elecciones del Estado de México para resolver el espinoso dilema del método para designar a quien ocupará la candidatura presidencial el año entrante. El PRD no es parte del aparente acuerdo entre el PRI y el PAN sobre 2023 y 2024, y por lo tanto no puede presionar demasiado. El PRI no quiere hacer nada que ponga en peligro o debilite el respaldo del PAN en el corredor azul a su candidato a la gubernatura del Edomex. Y el PAN tampoco quiere desistir de su interpretación del acuerdo antes de lo que podría ser una derrota priista en el Estado, que incidiera (a favor del PAN) en la correlación de fuerzas entre ambos partidos.
Es lógico que todos los esfuerzos que puedan desplegar los activistas y organizadores de la sociedad civil para acelerar el paso en el diseño y aprobación del famoso “método” resulten un poco fútiles. Se podrán proponer los esquemas más sofisticados o sencillos, pero mientras los partidos no deseen resolver, sirven de poco. El problema es que los tiempos de los partidos no son necesariamente los mismos que los de la sociedad civil, ni siquiera de los del calendario electoral. Aunque muchos de los aspirantes de la oposición ya se encuentran en campaña, obviamente no atraen la atención legítima (y no tan legítima) de los medios como las corcholatas de Morena, que disponen de recursos ilimitados para obtener tiempos y espacios mediáticos. Por lo tanto, la disparidad entre unos y otros, en lugar de disminuir, crece, y puede volverse imposible de remontar.
En segundo lugar, aunque los partidos en general, y en México en particular, sólo cierran acuerdos al cuarto para las doce, cuando ya no les queda de otra, existe un amplio margen de confusión y posible mal entendido entre ellos a propósito del año entrante. Enredo que sólo se agravaría si Movimiento Ciudadano figurara en la ecuación. Más allá de la redacción sibilina o cristalina que se pueda utilizar, todo sugiere que el acuerdo entre los dos grandes partidos de la oposición estipula que la candidatura a la Presidencia será para Acción Nacional. Al mismo tiempo, varias personalidades del PRI se han erigido en preaspirantes a la candidatura opositora. Le dedican tiempo, esfuerzo, y seguramente dinero, aunque no lo suficiente. Es evidente que, en su interpretación del acuerdo, la candidatura panista no constituye un hecho consumado. Se trata de gente honorable, con larga experiencia en la política, y que no aceptaría conscientemente ser comparsas de una simulación cuyo desenlace ya esté resuelto.
La alianza opositora ha pasado por varias tribulaciones desde 2021, y ha sobrevivido a todas. Habrá más, seguramente, y es probable que también sepa superar los nuevos escollos que se le presenten. Pero se antoja preferible que cualquier desencuentro sobre la interpretación del acuerdo entre los partidos, o entre ellos y el grupo de organizadores de la sociedad civil, se produzca antes y no después. Ya en plena campaña, digamos en octubre o noviembre, cuando habrá candidata de Morena, el surgimiento de un pleito entre PRI, PAN, PRD, MC y sociedad civil sobre la manera de determinar a quién corresponde la candidatura opositora podría ser fatal.
Es muy posible que lo más que Marko Cortés y el resto de la dirigencia del PAN lleguen a aceptar sea que los demás opinen, y hasta contribuyan, a escoger quién de los dos, tres o cuatro candidatos del PAN sea “el bueno”. Creo que el PRI se verá obligado a resignarse a ello, junto con sus propios posibles postulantes; el PRD y la sociedad civil, también. La tentación para algunos priistas, alentados por Palacio, de romper la alianza, será considerable, pero resistible. Pero mejor resistirla pronto, y no a medio camino.