Según parece, el Tribunal Electoral se encuentra enfrascado en un debate, que iba a zanjar el pasado jueves, sobre las denuncias interpuestas por la oposición contra Morena por actos anticipados de campaña. Una Sala Regional Especializada se ha pronunciado ya sobre algunos temas, y el Pleno opinó sobre las resoluciones de la Regional, pero no ha salido aún el fallo determinante, que se había anunciado para el jueves pasado. El INE, a través de su Comité de Quejas, ya se pronunció en contra de la oposición (creo que fue Movimiento Ciudadano), pero no tiene la última palabra. Hoy, Morena interpuso una denuncia contra Xóchitl Gálvez por la misma violación a la legislación electoral.
La comentocracia y buena parte de la clase política nacional han puesto el grito en el cielo desde hace un mes a propósito de las supuestas violaciones a la legalidad por parte de todos. Se tiende a dar por sentado que tanto el gobierno como la oposición violan la ley al haber iniciado el proceso de selección de sus respectivos candidatos presidenciales y, en el caso de Morena, en gastar enormes sumas en bardas, espectaculares, viajes, pautas, eventos, “voluntarios”, etc. Algunos casos en efecto parecen flagrantes: Ebrard afirmó que su editorial pagó los anuncios de su libro; Penguin Random House respondió que no. Los demás son discutibles, al grado que el INE, en una votación de dos a uno, considera que todo era legal.
Tenemos en México un sistema que a mí no me gusta, producto del “sospechosismo” (expresión imperdible de Creel) de 1996. El Tribunal es la máxima instancia electoral, es inapelable, incluso para temas que podrían involucrar violaciones a derechos humanos o de convenios internacionales, que deberían ser vistos, normalmente, por la Suprema Corte. En Brasil, por ejemplo, existen también dos instancias (Tribunal Electoral y Suprema Corte), pero varios ministros de la segunda pertenecen al primero también, asegurando la concordancia entre fallos. En Estados Unidos, la Corte manda en todo, incluyendo lo electoral (ver el fallo de 2000 contra Al Gore y a favor de George W. Bush), y la Constitución protege sin límites las libertades individuales —incluyendo la aberración de portar armas. Allá, resultaría impensable la denuncia contra Xóchitl por declarar que AMLO le colocará la banda presidencial: la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión la protege, diga lo que diga la legislación electoral. Por cierto, estoy seguro que si Xóchitl gana, AMLO hará lo mismo que Trump y Bolsonaro: se negará a asistir a la toma de posesión de su sucesora.
Lo que habrá que entender, una vez que el Tribunal se pronuncie sobre el fondo de los recursos del gobierno y de la oposición, es un principio básico del derecho: los tribunales dicen la ley. Lo que piensen unos y otros al respecto es irrelevante; la ley es lo que los tribunales digan. Habrá siempre la posibilidad de ir a la Comisión y la Corte Interamericanas, pero se trata de un proceso interminable y de dudosa eficacia. Por lo pronto, si el Tribunal dice, por razones de hechos consumados y la imposibilidad de facto de echar abajo todo el proceso en curso, que es legal, es legal. Punto. Y a la inversa, si dice que no lo es, no lo es. Punto. López Obrador, la comentocracia y la clase política harán bien en callarse, en un sentido o el otro.
Y harán bien en asegurar que sus candidatos se acompañen de un abogado en cada evento, en cada entrevista, en cada conferencia o discurso, para evitar contravenir partes o la totalidad del fallo del Tribunal. Ningún acusado se presenta en una corte, o ante el ministerio público, o siquiera en trámites preliminares o civiles como un divorcio, sin un abogado, si tiene acceso a él. Los candidatos deben hacer lo mismo, especialmente Xóchitl, que es la más espontánea y “aventada” de todos. Aguas en andar suelta y sola por la vida (electoral).