Las fuerzas económicas, sociales y políticas de la sociedad civil que se oponen a la entrega de una mayoría calificada a Morena y sus aliados en la Cámara de diputados vía la sobrerrepresentación, y a la reforma judicial, por lo menos en lo que toca a la elección por el sufragio universal de los ministros de la Suprema Corte, enfrentan un dilema hasta cierto punto desgarrador. No es exactamente el mismo en ambos casos, pero se parecen. La tentación de darse por bien servidos gracias a ciertos cambios mínimos en la reforma judicial, y en mucho menor medida como veremos en el tema de la sobrerrepresentación, es difícil de resistir. Sobre todo para actores que ya han padecido seis años de confrontación con el régimen.
Es difícil concebir un punto intermedio, ni siquiera falsamente intermedio, en lo de la sobrerrepresentación. O bien el INE, y posteriormente el Tribunal Electoral, aceptan el principio, invocado por el gobierno, de que el tope de 8 % de sobrerrepresentación se aplica sólo a partidos y no a una coalición, o no. Se ve muy complicado encontrar algún tipo de solución negociada. Pero el ingenio mexicano para desenterrar soluciones imaginativas, un poco ociosas, pero en apariencia eficaces, a problemas también en apariencia insolubles, da para mucho. Tanto los consejeros del INE, como los ahora ya seis magistrados del Tribunal Electoral, son capaces de buscar y encontrar una fórmula a medio camino entre la mayoría calificada gracias a un esquema y la misma mayoría calificada gracias a otro esquema. Parece difícil, pero nada es imposible.
La situación en lo tocante a la reforma del Poder Judicial es muy diferente. Existen, sobre todo para los ministros de la Suprema Corte, varios caminos hacia una salida negociada. Una de ellas, ya descartada por muchos, incluyendo a López Obrador, es la gradualidad si terminaran por ser designados todos los ministros por elección popular, pero no de golpe y porrazo desde 2025. Se haría de manera escalonada. Otra opción consiste en la ampliación del universo o “pool” entre los cuales elegiríamos los mexicanos a los 7, 9, 11 o 15 nuevos ministros, dependiendo de cuántos decida López Obrador que quiere. Al ampliarse el universo, resulta más difícil retacarlo de adeptos de la 4T, sobre todo si además del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y la sociedad civil pueden proponer candidatos.
Por último, se pueden ampliar el número de requisitos para ser candidato. A diferencia de lo que dijo AMLO, de que la experiencia no importa y mejor que puedan llegar jueces, magistrados y ministros con el menor tiempo posible para “viciarse”, se puede al revés exigir, sobre todo para ministros a la Corte, mayor experiencia, mayor carrera, publicaciones, estudios, actividades internacionales, etcétera. Manteniendo el principio de la elección por sufragio universal, se endulza de esa manera la píldora y se diluye el carácter tan draconiano de la reforma que se sugirió el 5 de febrero.
Para todos va a ser difícil definirse ante estas posibles disyuntivas. Arrancar el sexenio con un nuevo enfrentamiento frontal con el gobierno no es una opción atractiva para nadie. Y si el desenlace, tanto en materia de sobrerrepresentación y mayoría calificada, como en lo tocante a la elección de ministros a la Corte, está de alguna manera ya decidido, mejor lograr algo en lugar de oponerse de manera tajante y no lograr nada. Como decía, la tentación, en México por lo menos, de actuar de esa manera no es despreciable.
Sin embargo, constituiría un error, en mi opinión. Insisto: en el caso de la sobrerrepresentación, no veo qué solución intermedia podría haber. Pero en el caso del Poder Judicial, me parece que sería contraproducente y dañino para la relación que debe establecerse entre el gobierno y los sectores de la sociedad que no votaron por él o que no comparten su programa el caer en esta trampa. Resultaría preferible adoptar una posición de rechazo a la reforma, con o sin edulcorantes, por considerarla antitética con cualquier tipo de independencia del Poder Judicial y de separación de poderes. Al mismo tiempo, habría que admitir y reconocer que en caso de que el Tribunal y el INE acepten la sobrerrepresentación, y ambas Cámaras por mayoría calificada acepten la elección directa de los ministros, ese resultado es el que es: el que las instituciones y la ley en México establecen. No tiene nada de malo estar en contra de una iniciativa gubernamental o de otra índole, combatirla, y si se pierde se acepta el resultado y se sigue adelante. Me parece que para muchos protagonistas de la vida política nacional sería esto más sano que entrar en una dinámica negociadora cuando se trata de asuntos de esta trascendencia.