La cadena CBS informó desde hace varios días, según dos funcionarios norteamericanos anónimos, que el gobierno de Estados Unidos ha deportado a cientos de mexicanos a Guatemala y a Honduras a lo largo de los últimos meses. The New York Times, al retomar la noticia, divulgó que el gobierno de México no había aprobado estas deportaciones a todas luces inmorales e ilegales. Incluso había manifestado su rechazo o descontento ante tales actos. Se trata obviamente de algo inaceptable para México, pero que al mismo tiempo se inscribe en la falta de coraje y firmeza de parte de las autoridades mexicanas ante Trump, desde los primeros meses de su primer mandato.
La medida tiene ciertos precedentes para Estados Unidos. Ya hace algunos años, el gobierno norteamericano traslada a mexicanos detenidos sin papeles, digamos en Nogales, Arizona, digamos a Brownsville, Texas, para deportarlos ahí a Matamoros, lo más lejos posible de la ciudad por donde ingresaron a Estados Unidos. Se trata de dificultarles al máximo el reingreso. Asimismo, desde varios años también, Washington utiliza vuelos a partir de ciudades fronterizas para enviar a los mexicanos sin papeles a la frontera con Guatemala, en muchas ocasiones a Tapachula, para que su reingreso o su segundo o tercer intento de entrar a Estados Unidos sin papeles se dificulte y se encarezca lo más posible. Hasta aquí nada nuevo.
Las razones de estas deportaciones a Guatemala y a Honduras van en este mismo sentido, como un primer factor. Entre más lejos se encuentren los mexicanos de la frontera de su país con Estados Unidos, más difícil y más oneroso se volverá cualquier intento adicional de cruzar. Pero, además, en el caso de Guatemala y Honduras, como de otros países, si es que ya existen, o si se van a inscribir próximamente en la lista, se agrega el factor disuasivo del miedo y del desconcierto. A un mexicano de Michoacán o de Zacatecas, el encontrarse de repente en Chiapas puede parecer raro, pero al final de cuentas es (más o menos) el mismo país. Hallarse de repente en San Pedro Sula es para inspirarle terror a cualquiera: los hondureños hablan distinto, y los niveles de criminalidad, de extorsión, de violencia, son mucho más elevados que en México. Se trata de una política de disuasión a través del terror.
Desde principios del 2017, sugerí en The New York Times que el gobierno —entonces de Peña Nieto, con Videgaray a la cabeza— debiera negarse a recibir a deportados no mexicanos desde Estados Unidos. Tanto Peña Nieto como López Obrador como Sheinbaum, aceptaron lo que a todas luces constituye una violación del principio de refoulement, sobre todo en vista de que de ninguna manera se puede considerar a México como un tercer país seguro, de facto o no. En otras palabras, México no tiene ninguna obligación legal de recibir a deportados no nacionales. Pero además el hecho de recibirlos viola ese principio, ya que México es un país donde pueden ser dramáticamente violados sus derechos humanos, su integridad física, e incluso poner su vida en peligro.
De la misma manera como les sucede a decenas de mexicanos todos los días —ejecutados por unos o por otros desde hace veinte años. Los sucesivos gobiernos de México no tuvieron ni el margen de maniobra ni la voluntad de enfrentar a Trump o a Biden en esta materia. Por lo tanto, hoy disponen de pocos recursos para responder a este otro acto agresivo e ilegal de parte de Estados Unidos: deportar a mexicanos ya no a México, sino a países terceros.
Me parece bien que la Cancillería diga que no le gusta. Me parecería mejor que hiciera algo al respecto. México efectivamente no posee de muchos instrumentos de represalia por este tipo de agresiones, como tampoco cuenta con opciones para responder a todos los demás actos poco amistosos del gobierno de Trump. Trátese de revisiones de consulados, aranceles a los automóviles, exigencias sobre la entrega de agua en la frontera, restricciones a la exportación de aguacates o fresas, revocación de visas a políticos mexicanos de primer nivel, solicitudes de extradición a otros políticos mexicanos en funciones, la lista es casi interminable. En cambio, la lista de medidas mexicanas de respuesta es altamente limitada. Lo cual no implica que sea inexistente.
México podría decirle a Estados Unidos que dejará de aceptar a no nacionales deportados de ese país mientras Washington siga deportando a mexicanos a países terceros. Es una medida sencilla y relativamente fácil. Sobre todo que no parece haber necesidad de esta agresión norteamericana. El número de mexicanos que buscan entrar sin papeles a Estados Unidos desde principios del 2025 ha permanecido relativamente bajo. De acuerdo con las cifras de CBP, parece haber un ligero aumento en las detenciones de adultos mexicanos en los meses más recientes del 2026. Y es cierto que corresponsales extranjeros en México han escuchado de parte de ciertos funcionarios de la administración Trump la exigencia al Gobierno de México que el número de mexicanos que ingresen a Estados Unidos sin autorización se reduzca a cero, algo en principio imposible y, sobre todo, fuera de las manos del Gobierno de México.
Sabemos que los diez mil militares desplegados por Claudia Sheinbaum a la frontera norte desde hace un año y medio, para cazar extranjeros, en los hechos también obstaculizan el cruce de mexicanos a Estados Unidos. Pero una cosa es obstaculizar en los hechos y otra muy distinta detener o impedir la salida, lo cual a todas luces sería en principio ilegal. Sheinbaum cede en absolutamente todo ante Trump, salvo en la posible amenaza —quizá más bluff que otra cosa— de operaciones militares conjuntas en territorio mexicano y la defensa retórica de Cuba y Nicaragua. No es imposible que también se rinda en esto. Pero, por lo pronto, un poquito de espina dorsal frente a esta conducta de Washington sería bienvenida.