No puede lamentar que la Suprema Corte de Estados Unidos haya rechazado la demanda mexicana contra los fabricantes de armas norteamericanos, en particular Smith & Wesson, y a la vez considerar que dicha demanda fue una mala idea. En efecto, los recursos presentados por la Secretaría de Relaciones Exteriores desde 2021 fueron desechados para siempre por el máximo tribunal estadounidense hoy en la mañana. Persiste otra demanda, contra un par de armerías en Arizona, pero todo indica que el fallo actual se aplicará también en ese caso.
La Corte resolvió que la ley de protección de armas de 2005 impide que las empresas armamentistas sean acusadas de complicidad implícita con los usuarios de sus productos, cuando con éstos, los locos o los sicarios matan a alguien, ya sea en una escuela en Sandy Hook, Nueva Jersey, ya sea en Badiraguato, Sinaloa. Da igual. La decisión fue unánime, es decir que los tres ministros “liberales” concordaron con la empresa y discreparon de las opiniones del gobierno mexicano. Se chingó el asunto.
Esto significa que la maniobra de campaña del canciller de entonces fracasó. Muchos colegas en México consideraron que, aunque no prosperará la jugarreta, de todas maneras servía, ya que publicitaba en Estados Unidos el enorme daño que las armas norteamericanas le infligen a la sociedad mexicana. Repetían incansablemente que 75 % de las armas en México provenían del norte, y que sin el “río de hierro” no habría la violencia que impera en México, por lo menos, desde 2008. Sostenían que tanto el río como la proporción se originan en la prescripción en 2004 del Assault Weapons Ban de 1994, bajo Bill Clinton.
Siempre dudé de la validez de estas tesis ya que el porcentaje se refiere a las armas rastreables. México vivió los años de menor número de homicidios de su historia moderna entre 2004 y 2007, y se sabe que una gran cantidad de los cuernos de chivo o AK-47 que utilizan nuestros narcos provienen de las antiguas guerras civiles centroamericanas. En cuanto a la publicidad, en materia internacional, no toda es buena. Si bien recibimos el apoyo de sectores progresistas importantes del país vecino, también nos ganamos el oprobio de los partidarios de la Segunda Enmienda, que hoy gobiernan en Washington.
Pero las razones de mi desacuerdo son otras. Ya lo explicó Jorge Lomonaco hace un par de meses en su columna de El Universal, cuando anticipaba esta derrota de la Cancillería. Si México recurre a la teoría “espejo”, corre muchos riesgos. Ésta consiste en afirmar que, así como los estadounidenses nos exigen que detengamos el flujo de drogas y migrantes hacia el norte, nosotros estamos en pleno derecho de reclamar lo mismo: que ellos detengan el flujo de armas. Salvo que nosotros siempre agregamos que la culpa del consumo de estupefacientes en Estados Unidos se debe al deterioro de su tejido social y de su falta de amor por la familia y los jóvenes, y que son ellos quienes deben limitar la demanda de drogas, e impedir la entrada sin autorización de personas.
Aquí es donde se complica la cosa. Los norteamericanos pueden revirarnos que la culpa de violencia en México radica en… la violencia congénita de los mexicanos y toda nuestra sociedad, y de que en este país “la vida no vale nada”. Violencia restregada de forma constante en las series sobre el narco en México. Pueden alegar que la responsabilidad por detener el flujo de armas yace en el país que las recibe, no en el que las permite salir. Si México no desea que entren armas, debe cuidar sus fronteras, dedicarle más recursos a inspecciones en la línea (de vehículos que circulan de norte a sur), y colocar más retenes en las carreteras del norte del país. Cuando Calderón lo intentó en Tijuana, en 2010, sólo logró enardecer a los comerciantes locales que se quejaban de las colas eternas para ingresar a México.
Echarle la culpa al otro nunca es una buena idea, ni para Washington a propósito de las drogas, ni para México en torno a las armas. No sé si el trabajo pro bono de los abogados estadounidenses que nos apoyaron incluyó costes —viajes, viáticos, trabajo secretarial, investigación— o no. Ojalá sí para que no hayamos gastado una fortuna en una causa cuestionable desde un principio tanto en sus fundamentos como en su viabilidad. Esperemos que Claudia Sheinbaum no insista en la peregrina idea de utilizar la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para justificar una nueva demanda. Correrá la misma suerte que las anteriores.